Como en una apertura de ajedrez, la disposición de las piezas, los tiempos y los movimientos van dando indicios sobre la estrategia de los jugadores. Tras la aprobación del Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario, el pasado 12 de septiembre; más el anuncio del veto del presidente Milei, al día siguiente; comenzó todo un despliegue de acciones de cara a una contienda abierta entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria de todo el país. No lo dicen, pero dos conceptos se enfrentan.

El antecedente directo es el veto a la reforma en las jubilaciones y el asado que se realizó en la Quinta de Olivos, con los legisladores que ratificaron la decisión del Ejecutivo, como una forma de mostrar la "solidez" ante las nuevas denegaciones que se vienen. En todo el país, las universidades nacionales comenzaron a reunirse. En la Universidad Nacional de Salta, los gremios de los docentes y los no docentes convocaron a todos los sectores de la comunidad educativa para comenzar a pensar y diseñar acciones concretas ante el veto del presidente. Y se debe decir que todos acudieron a la cita.

Se conformó la denominada Mesa en Defensa de la Universidad Pública. Como toda mesa tiene una transversalidad simbólica necesaria, es políticamente necesaria y tiene el aval que supera lo institucional; pues es toda la comunidad educativa organizada. Desde marchas, movilizaciones, pedidos el Ejecutivo de aplicación de la aprobado por el congreso, articulaciones con otras universidades y hasta pedidos concretos a los representantes de Salta ante el Congreso están en la agenda de acciones concretas a realizar.

La convocatoria de los secretarios generales de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa) y de la Asociación de Personal de la UNSa (APUNSa), se concretó con el encuentro de autoridades y representantes de Rectorado, de las facultades, de las Sedes Regionales, del Instituto de Educación Media (IEM), y de los centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles que conforman la Universidad Nacional de Salta. El primer paso fue apoya la ya sancionada Ley de Financiamiento Universitario. 

El conjunto definió acciones en favor de la inmediata aplicación de la Ley, que tuvo su aprobación el 12 de septiembre en la Cámara de Senadores de la Nación, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. La Cámara de Diputados de la Nación ya le había otorgado su media sanción el pasado 15 de agosto, con 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. 

Ambas autoridades gremiales pusieron en conocimiento a las y los presentes que este último lunes ingresaron una nota al rector de la UNSa, Ing. Daniel Hoyos, donde pidieron por una reunión junto a los y las diputados/as y senadores/as nacionales de la provincia de Salta. El fin es requerirles un pronunciamiento público solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la urgente promulgación y reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario. En caso de darse un veto presidencial, ya anunciado por el presidente Javier Milei, solicitarles a los legisladores nacionales que garanticen el respeto y cumplimiento de lo resuelto por el Poder Legislativo.

"Nosotros pedimos a los legisladores salteños que continúen con su acompañamiento a esta ley; queremos que sostengan ese apoyo ante el anuncio de veto. Exhortamos a los legisladores que sostengan el apoyo, le pedimos la presencia en las sesiones contra el veto y que no se abstengan a la hora de votar porque ambas acciones le hacen el juego al oficialismo", dijo el secretario general de ADIUNSa, Diego Maita.

La Mesa emitió un documento que mañana entrará en el debate del Consejo Superior para su tratamiento. El texto es un posicionamiento político claro, concreto e institucional que intentará promulgado como pronunciamiento institucional de la Universidad Nacional de Salta.

El docente lo dijo por el comportamiento de los diputados salteños, y sus abstenciones, ante el veto del Ejecutivo a la ley de jubilaciones. Por otro lado agradeció la presencia de los distintos claustros, en la reunión, pues afirmó que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario resulta vital ya que genera una recomposición salarial a las y los trabajadores, además de actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión. 

En el mismo sentido, la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa), Lic. Stella Mimessi, destacó la necesidad de trabajar como una gran comunidad universitaria de Salta, por lo que agradeció la presencia física y virtual de las distintas autoridades de las Facultades y Sede del interior. “Hoy definimos acciones conjuntas a favor de la Ley y, en el marco de la Segunda Marcha Federal Universitaria” dispuesta para las próximas semanas, expresó. Tanto el rector Daniel Hoyos, como las autoridades de Decanato de las distintas facultades, del IEM, y de los Centros de Estudiantes y agrupaciones estudiantiles, coincidieron en la urgencia de acordar acciones a favor de la defensa de la Universidad Pública, sobre todo, ante los recortes ya dispuestos por el Ejecutivo Nacional. Se definió realizar distintas actividades al interior de la Universidad y en las inmediaciones del centro salteño, bajo la consigna “Por la Ley de Financiamiento Universitario #NoAlVeto”. 

Sobre la ley aprobada

La Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo principal garantizar un mayor presupuesto para las universidades públicas nacionales y mejorar los salarios de docentes y no docentes.

La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”. 

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

Algunos de los puntos más importantes incluye:

• Asignación presupuestaria: se propone que el 85% del presupuesto de las universidades se destine a salarios y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. Además, se prevé una fórmula de actualización bimestral que ajuste estos gastos en función de la inflación, el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos.
• ⁠Actualización de salarios: se busca una recomposición salarial que permita a los docentes y no docentes recuperar el poder adquisitivo perdido debido a la inflación, a valores de noviembre 2023.
• ⁠Modificaciones legales: se plantean cambios en la Ley de Educación Superior para establecer nuevos criterios de distribución del presupuesto entre las universidades, basados en factores como la cantidad de estudiantes y las actividades de investigación.
• ⁠Sostenibilidad y extensión: la ley también incluye el fortalecimiento de la ciencia y la extensión universitaria, así como un aumento de becas

Ahora bien, el presidente ya Milei anunció el veto de esta ley, tal como lo hizo con la de Movilidad Jubilatoria. Desde los sindicatos universitarios entienden que es el momento de exigir que la misma sea promulgada de inmediato, y se están preparando ante la concreción del veto.

Es por eso que se ya se siente que se va armando otra gran marcha de la comunidad en defensa de la Universidad Pública, gratuita, laica y de calidad.

La marcha, para el 2 de octubre

Los salarios en las universidades nacionales cayeron de manera escandalosa en el último año. En el caso de los no docente, muchas categorías quedaron por debajo de la línea de pobreza. Al fenómeno lo explica Stella Mimessi: "Históricamente, teníamos la Categoría 7 (La más baja, de ingreso) por debajo de la línea de pobreza. A partir de este año tenemos a las categorías 5, 6 y 7 por debajo de la Canasta Básica", dijo la gremialista. Hablamos de casi 600 trabajadores que cuando van a la huelga la paralizan a la universidad.

Para el rector Daniel Hoyos, los cálculos del deterioro de los salarios varían entre el 50 y el 70 por ciento en lo que va de los 9 meses del Gobierno actual. "Es una barbaridad, pero no se trata solo de salarios. Cuando el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se reunió con las autoridades de Nación, luego de la primera marcha universitaria, acordamos 5 puntos que ellos nos garantizaban: gastos de funcionamiento, salarios, becas, ciencia y tecnología y las obras que faltaban. De esos 5 puntos sólo cumplieron a medias el primer punto; del resto nada. Es por eso que digo que estamos en un punto en donde estamos definiendo el futuro de la Argentina y es por eso que esta Mesa busca que todos los sectores de la comunidad universitaria estén representados", dijo Hoyos.

Ahora bien, hay un gran malestar a nivel nacional y se puede llegar a decir que las 54 universidades nacionales están en estado de análisis de acciones a seguir. "En estos momentos se están discutiendo las fechas y las acciones a seguir. Seguramente habrá una gran marcha en todas las ciudades del país, y la fecha que ya casi está consensuada es que sea el 2 de octubre. Igual se tienen que reunión todas las confederaciones y organizaciones nacionales que será sólo para los detalles", dijo Stella Mimessi,