El impacto provocado por la invitación del presidente Javier Milei a una cena en Olivos con los 87 diputados que permitieron mantener vigente el veto a una reforma en el régimen jubilatorio muestra la magnitud de la crisis política del país.

La dirigencia política, en general, es incapaz de acordar soluciones de fondo a través de acuerdos que urgen a la sociedad. La oposición, convertida en un grupo invertebrado, parece más orientada a erosionar al presidente que a resolver problemas esenciales engendrados a partir de 2003. Un año clave, en que se puso en marcha una reforma que incorporó tres millones de jubilados y pensionados, sin aportes previos y sin crear un presupuesto especial para ellos. Justamente, los aportes, es decir, los ahorros de los trabajadores durante su vida activa eran el sostén del sistema. Y la reforma lo distorsionó.

Por eso, un gobierno como el actual, de enorme fragilidad parlamentaria, debe recurrir al veto de una ley que no resuelve nada en la vida de los jubilados y que, además, omite mencionar la fuente de recursos para financiar el costo que está imponiendo.

El "oposicionismo" sistemático es una práctica que en 1983 instauró el justicialismo con el frívolo argumento de que se trataría del único partido capaz de gobernar. Hoy, los hechos demuestran que ese heterogéneo movimiento está disperso, luego de fracasos constantes a lo largo de cuatro gobiernos, y carece de proyecto y de líderes. Lo mismo sucede con la Unión Cívica Radical. Las individualidades, de representatividad poco comprobable, defienden fragmentos de poder y dejan de lado lo esencial de la política: la visión de futuro.

La degradación de la política ha provocado que los jubilados y pensionados paguen gran parte de los costos de la destrucción de la economía argentina.

El sistema previsional insume el 46,2% del presupuesto del Estado argentino. El financiamiento con aportes de empleadores y empleados se derrumbó como efecto de la mayor expectativa de vida de las personas y por el crecimiento exponencial de la economía informal. A esto se suma el uso político que se ha hecho con los fondos del Anses y del PAMI, que durante dos décadas estuvieron manejados como cajas de financiamiento manejadas sin control por sectas partidarias.

El resultado está a la vista: la norma de la oposición vetada por Milei exigía una actualización del 8% a partir de marzo, dejaba consolidada la caída del 35% promedio de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones registrado entre 2017 y 2023. En ese período una jubilación media-baja cayó el 51%. Pero la historia es más antigua. En 2008, el exministro Amado Boudou logró imponer una fórmula que ajustaba 50% por salario y 50% por recursos tributarios de Anses, omitiendo la inflación.

En 2017, con el INDEC normalizado, se establece la fórmula del 70% por inflación y 30% por salarios, mucho más equitativa. La escalada inflacionaria de 2018 superó a esa fórmula. En 2020, Alberto Fernández vuelve a la fórmula kirchnerista. Para quienes tienen solo un haber mínimo, solo en 2023, el deterioro llegó a más de 32%.

En diciembre pasado, la misma Cristina Kirchner definió que el país atravesaba por en una crisis de "estanflación": hiperinflación con recesión. En los nueve meses transcurridos, el actual gobierno, utilizando los métodos que Milei anticipó en la campaña electoral, logró moderar la inflación, aunque la actividad siguió cayendo y los salarios no se recuperaron. Las jubilaciones, tampoco.

El drama nacional no se resuelve con vetos, bravuconadas e insultos ni con un Congreso incapaz de asumir su responsabilidad institucional de convertirse en un centro de deliberación y acuerdo civilizado.

Pero, en este contexto, que el presidente intente consolidar su poder de veto es esperable, pero en estas condiciones, estaremos condenados a vivir en estado de emergencia.