El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que, en el próximo verano, la demanda de energía eléctrica superará a la capacidad de oferta, con lo cual debemos esperar un período con reducción del suministro. Las autoridades del área energética aclararon que no se tratará de cortes sorpresivos por recalentamiento del sistema de distribución, y anticiparon que están buscando un acuerdo para que las grandes empresas puedan disminuir sus volúmenes de demanda.

Se espera un verano caluroso, el país no tiene asegurada la importación de combustibles desde Brasil, Chile y Bolivia y, además, la central Atucha 1 quedará desactivada desde estos días, por razones de mantenimiento. Un informe de Cammesa anticipó que la demanda alcanzará los 30.700 MW, superior al récord del 1° de febrero de este año cuando se llegó a consumir 29.653 MW. Consideran que, en caso de conseguir importaciones de los países vecinos, el déficit será del 3 %. Es decir, la crisis energética que data de dos décadas volverá a manifestarse con el aumento de la temperatura.

En realidad, se trata de un déficit injustificable, que se explica por la carencia de políticas de Estado y de un plan energético estratégico, sostenido en el tiempo. El Instituto Mosconi, que dirige el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, sostiene que la Argentina tiene un potencial generador de 43.000 MW, pero hay 8000 MW indisponibles. Esto significa que el sistema está generando casi al 80% de sus posibilidades y por eso puede soportar una carga máxima de 29.500 MW de demanda.

Argentina no ha diversificado sus fuentes de energía y la producción eléctrica soporta una extrema dependencia del gas natural y, en menor medida, del petróleo. Con el tiempo se ha postergado el desarrollo de energía nucleoeléctrica y las fuentes renovables, como la hidráulica, la solar y la eólica no tienen relevancia en el abastecimiento del sistema interconectado.

Tras la salida de la Convertibilidad, la gestión kirchnerista se ilusionó en un abastecimiento regional, confiando en el éxito de Evo Morales y Hugo Chávez. El intervencionismo estatal derivó en el congelamiento de precios para la producción local, que fue reemplazada por la importación de Bolivia que costaba tres veces más que el precio en boca de pozo vigente en el país. De ese modo, la inversión en exploración de reservas cayó drásticamente y para evitar el aumento de los precios al consumidor se creó un sistema de subsidios insostenible. Un factor decisivo en el endeudamiento del Estado. Nada de esto fue corregido por los gobiernos posteriores y hoy, el presidente Javier Milei, concentrado en la reforma financiera, no propone políticas de largo plazo y tampoco muestra un programa que permita imaginar una Argentina con superávit energético.

La energía es un factor vital para las naciones, que condiciona la calidad de vida y el sistema productivo. No hay solución económica posible si la ecuación energética no está equilibrada y asegurada. Pero depende de la inversión externa, que en nuestro país ha caído en forma drástica en las últimas décadas. La inseguridad jurídica, la inestabilidad tributaria y la imposición de gravámenes a las exportaciones desalientan los grandes desembolsos de riesgo y a largo plazo. La probable deserción de la empresa malaya Petronas, uno de los principales socios comerciales de China, que proyectaba invertir US$ 30.000 millones en la planta de gas licuado de Río Negro es una señal de esa fragilidad argentina.

Pero aquel ruinoso desborde de estatismo genera un problema estructural. Y esto no se resuelve solamente con medidas antiinflacionarias y retóricas de barricada. Es una ineludible responsabilidad del gobierno construir acuerdos entre sectores políticos y económicos para recuperar, lo más rápidamente posible, el abastecimiento energético y reconstruir todo el aparato productivo.