Horacio Cruz Castro, el líder de cañeros bermejeños que más de una vez en los últimos años fue denunciado por miembros de la comunidad Tape Iguapegui de amenazar con un machete a la cacique de El Trementinal, Natalí Vásquez, e incitar al grupo de usurpadores que lidera a apuntar con armas contra mujeres, hombres y niños del pueblo aba guaraní, inició en 2021 acciones judiciales en Bolivia contra miembros de la citada comunidad originaria de Salta por supuesta turbación de la propiedad que se adjudica sobre El Trementinal.

El usurpador, en la denuncia que presentó ante el fiscal de Materia III de Tarija, José Gustavo Valeriano, llamó "Isla Valle Dorado" al inexistente fundo de Bolivia del que afirma ser dueño. El 12 de mayo de 2023, la directora en Tarija del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia, Evelyn Elías Arroyo, le informó al fiscal Valeriano: "Revisada la Base de Datos, y tras la verificación del Sistema de Mantenimiento y Administración de Tierras (SIMAT) con el que cuenta la Dirección Departamental del INRA-Tarija se puede evidenciar que NO EXISTE (así remarcado por la propia funcionaria) el predio denominado ISLA VALLE DORADO - BERMEJO. Por tal razón, no cuenta con un registro de derecho propietario a nombre de los Sres. Horacio Cruz Castro y Francisca Pérez Garnica (sic)".

Catastros de Salta

Aunque un botón basta para muestra, funcionarios de la Justicia Federal de Salta, la Comisión Nacional de Límites, Aduanas, AFIP, Cancillería, Defensa, Seguridad y otros organismos, tantos nacionales como provinciales y municipales que deberían intervenir para que se repongan los hitos internacionales removidos, cesen las usurpaciones, frenen los desmontes, establezcan controles de fuerzas federales, proteja a las comunidades originarias, erradiquen las plantaciones irregulares de caña, penalice la trata infantil asociada, sancione el gran contrabando y castigue la millonaria evasión aparejada, no deberían perder de vista las titularidades registrales de esas tierras.

Según las cédulas parcelarias de la Dirección General de Inmuebles, todos los catastros que productores cañeros de Bermejo empezaron a tomar por asalto en 1994 se corresponden con la jurisdicción territorial del departamento San Martín: El Trementinal (matrícula 155), Chuschal (78), Polvareda (1827), Porcelana (1826), Aujoncito (451), Algarrobito (996), San Telmo (139) y Churqui (1228). A esos inmuebles rurales hay que sumar dos lotes de Baúles (matrículas 1011 y 454), el catastro de Media Luna (ex-1945 y que ahora tiene doble dominio) y tres lotes de Volcán (matrículas 15073, 15074 y 15075).

Ausencia de controles

Si bien el borde fronterizo del río Grande de Tarija brilla por una casi completa ausencia del Estado, no menos preocupante es la porosidad de los flancos limítrofes de los municipios de Aguaray y Salvador Mazza, que tienen más pasos ilegales que efectivos de Gendarmería. Y por si esto fuera poco, en inmuebles rurales que limitan con Yacuiba, la presencia de gendarmes y agentes federales está impedida con tranqueras y vedada por normas que prohiben su ingreso sin orden judicial.

En 2014, ante una denuncia, la AFIP desactivó un contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar y secuestró camiones con chapa boliviana. Hoy se planta y trafica el doble.

Todo esto ocurre de espaldas a la ley 14.027, una norma nacional de orden público que obliga a propietarios y ocupantes de propiedades linderas con las fronteras de la Nación a permitir el libre desplazamiento de las fuerzas federales, su franco acceso a los puntos de comunicación internacional, consentir la instalación de los puestos de vigilancia que se consideren necesarios y a denunciar inmediatamente cualquier movimiento de personas o mercancías en pasos no habilitados existentes dentro de los límite de esos catastros.

"Trabajamos fuertemente"

Consultada sobre la ocupación ilegal, la Directora Nacional de Fronteras, Virginia Cornejo, afirmó que "hoy trabajamos fuertemente para lograr el control de esa zona que, debido a su geografía cambiante por el curso del río y su largo abandono, requiere poner en funcionamiento todo el sistema institucional nuevamente". La funcionaria aseguró que "estamos enfocados en aplicar leyes vigentes que permitan a las fuerzas de seguridad acceder a zonas que hoy son privadas. Esto se logrará tomando posesión de puntos estratégicos y aplicando las leyes de contravención, además de la intervención de organismos como la AFIP en procedimientos integrales", puntualizó.

Agregó que "estamos equipando a las fuerzas de seguridad y mostrando, como dice nuestra ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) que el que las hace, las paga. Al contrabando de cultivos debemos sumarle el de material ferroviario, que afecta directamente las posibilidades de crecimiento. No aflojaremos hasta lograr nuestros objetivos y se está avanzando con medidas como la destitución de intendentes, el enjuiciamiento de jueces implicados y procedimientos dentro de las fuerzas". Cornejo sostuvo que "en nueve meses, hemos hecho mucho más que en los cuatro años del presidente anterior, y seguimos con paso firme en el camino hacia la recuperación de nuestra Argentina".

Aislados, olvidados y desprotegidos por el Estado

La banda del río Grande de Tarija es una zona de muy difícil acceso para pobladores originarios, docentes, agentes sanitarios y productores obrajeros argentinos, ya que para llegar desde Orán deben tomar desde la ruta nacional 50 la ruta provincial 144, y vadear "a piso" los dos ríos que separan a esas tierras aisladas del resto de la provincia: el Bermejo y Grande de Tarija. Los docentes de El Trementinal para llegar a su escuela deben salir a Bolivia por Bermejo, recorrer grandes distancias por la ruta 33 del vecino país y cruzar en una lancha a El Trementinal en un largo, tedioso y oneroso rodeo que podría evitarse con una vía que conecte a la escuela de Media Luna con Ramos. Desde ese yacimiento, operado por Pluspetrol, hay un camino consolidado (ruta provincial 141) hasta Coronel Cornejo, localidad del Municipio de General Mosconi situada a la vera de la ruta nacional 34. Desde Ramos hacia la banda del río Grande de Tarija hay una picada que abrió la petrolera estadounidense Standard Oil hace 90 años en los albores de la actividad hidrocarburífera en Salta. Una topadora, pocos recursos y algo de voluntad política serían más que suficientes para rehabilitar la antigua picada y cerrar esa vinculación, con apenas 5 kilómetros faltantes, hasta Trasfondo de Algarrobito. Los titulares registrales de esa finca donaron a la Provincia un camino interno construido y consolidado con esfuerzos privados hasta la escuela de Media Luna. De esa forma, toda esa zona hoy aislada tendría una vinculación directa con Mosconi, sin necesidad de expropiación alguna ni faraónicos proyectos viales como el que el exintendente Isidro Ruarte promocionó por años sin avanzar nunca en su concreción ni dar respuestas al largo reclamo de las comunidades aba guaraní y productores de la zona, que más de una vez vieron la ruta provincial 144, endeble vinculación con Orán, bloqueada por cañeros de Bermejo.

Con la misma preocupación, el propietario de la finca La Junta donó 10 hectáreas para que el Estado nacional instale allí un puesto de Gendarmería para que controle la banda del río Grande de Tarija. La presencia de fuerzas federales se considera indispensable en el área de la Junta de San Antonio.