Avanza la "purga" de beneficiarios de pensiones por invalidez laboral, asistencia en la que el Gobierno nacional sospecha que existió irregularidades al otorgar este beneficio, falta en la que caerían al menos 120.000 titulares actuales.

La exhaustiva auditoría podría es realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. Se revisan aproximadamente las carpetas de 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, centrado inicialmente en la ciudad de Buenos Aires, pero que luego se extenderá a la provincia de Buenos Aires y luego al resto del país.

Según estimaciones de la Andis, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Las decisiones de suspender el pago de estas pensiones se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores.

Las irregularidades

Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó que se extendieran las auditorías.

Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.

Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. Estas incompatibilidades se refieren principalmente a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.

Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión